Ilegalidad en Santo Domingo Este: La imposición de contenedores de basura y sus implicaciones legales
En los últimos meses, la Alcaldía de Santo Domingo Este ha implementado una medida que obliga a los ciudadanos y negocios a depositar sus residuos sólidos en contenedores y furgones instalados en las vías públicas. Esta disposición, aunque presentada como una solución para mejorar la gestión de residuos y reducir los vertederos improvisados, ha generado controversia y acusaciones de ilegalidad. Según críticas de ciudadanos y expertos, esta práctica podría estar violando normativas establecidas, incluyendo la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) y la Ley 120-99, que regula la disposición de desechos en lugares públicos. A continuación, exploramos los aspectos legales, las quejas ciudadanas y un caso reciente que ha avivado el debate.
Contexto: La imposición de contenedores y furgones
La Alcaldía de Santo Domingo Este, bajo la gestión del alcalde Dío Astacio, ha instalado contenedores y furgones en diversas avenidas y calles del municipio, como parte de un proyecto piloto para modernizar la recolección de basura. Según reportes, se han colocado alrededor de 15 contenedores, con una meta de alcanzar los 100. Estos contenedores, descritos como estructuras de seis a siete metros con orificios para depositar residuos, buscan controlar los vertederos improvisados y mejorar la higiene urbana. Sin embargo, la ubicación de estos contenedores en vías de alto tráfico, como la avenida San Vicente de Paúl o la carretera Mella, ha generado críticas por obstruir el tránsito y representar un riesgo para los conductores.
Más allá de las cuestiones logísticas, la principal controversia radica en la obligación impuesta a los ciudadanos y negocios de trasladar sus residuos a estos contenedores, en lugar de que la Alcaldía realice la recolección directamente en los hogares o comercios, como lo establecen las normativas dominicanas. Esta medida ha sido calificada como ilegal por algunos ciudadanos, quienes argumentan que contraviene las responsabilidades de las autoridades municipales.
Marco legal: ¿Qué dice la ley?
La Ley 225-20, conocida como la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, establece en su artículo 10 que las alcaldías son responsables de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en sus jurisdicciones. Esto implica que los municipios deben garantizar la recolección directa en los puntos de generación, es decir, en hogares, comercios e industrias, siguiendo un sistema organizado y eficiente. Obligar a los ciudadanos a trasladar sus desechos a contenedores específicos podría interpretarse como una transferencia indebida de esta responsabilidad municipal hacia los munícipes.
Por otro lado, la Ley 120-99 prohíbe arrojar basura en lugares públicos no autorizados y establece sanciones para quienes lo hagan, con multas que van de RD$500 a RD$1,000 o penas de dos a diez días de prisión. Sin embargo, esta ley no faculta a las alcaldías a imponer a los ciudadanos la obligación de depositar la basura en contenedores específicos, especialmente si estos no están autorizados o si su colocación infringe otras normativas, como las de tránsito o urbanismo.
Además, la colocación de contenedores en vías públicas sin la debida autorización de entidades como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) o la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) podría violar regulaciones de seguridad vial. Según un reporte de Diario Libre, no se han realizado reuniones entre la Alcaldía, Intrant y Digesett para abordar estas preocupaciones, a pesar de las quejas de los ciudadanos sobre los riesgos que representan los contenedores en las vías.
Caso reciente: El incidente con un negocio chino (picapollo)
Un video reciente que circula en redes sociales ha puesto en el centro del debate esta problemática. En el video, se cuestiona a un negocio chino, aparentemente un establecimiento de comida rápida tipo «picapollo», por no depositar su basura en los contenedores designados por la Alcaldía. Según el texto que acompaña el video, los representantes del negocio fueron amenazados con multas por no cumplir con esta disposición. El autor del mensaje califica la medida como una «ilegalidad» y un «abuso», argumentando que la Alcaldía no tiene la autoridad para obligar a los ciudadanos o negocios a utilizar estos contenedores, especialmente si se considera que la recolección in situ es una obligación municipal.
El mensaje también hace referencia a una presunta violación de la «ley de fideicomiso», aunque no especifica a qué normativa se refiere. Es posible que aluda a la Ley 225-20, que regula los fideicomisos para la gestión de residuos sólidos, pero esta no menciona explícitamente la prohibición de obligar a los ciudadanos a usar contenedores específicos. No obstante, el caso del negocio chino ilustra la frustración de los comerciantes, quienes enfrentan sanciones por no acatar una medida que consideran ilegal y que, además, les impone costos adicionales, como el traslado de la basura a los contenedores.
Reacciones ciudadanas y críticas
La medida de los contenedores ha generado un amplio rechazo entre los ciudadanos de Santo Domingo Este. En redes sociales, los usuarios han calificado la iniciativa como un «desastre», argumentando que los contenedores no han funcionado como se esperaba y que solo eran una solución provisional. Otros residentes, han señalado que los contenedores se llenan rápidamente y que la recolección no es lo suficientemente frecuente, lo que resulta en acumulación de basura alrededor de los furgones, perpetuando el problema que se pretendía solucionar.
Además, los ciudadanos han expresado preocupación por la falta de educación y conciencia ambiental, pero también por la imposición de medidas que trasladan la carga de la gestión de residuos a los munícipes. Un residente entrevistado por Diario Libre destacó la necesidad de que la Alcaldía realice campañas de concienciación en lugar de sancionar a quienes no cumplen con la disposición de los contenedores.
Implicaciones legales y posibles acciones
La obligatoriedad de usar contenedores podría ser cuestionada legalmente por varias razones:
- Violación de la Ley 225-20 : Al transferir la responsabilidad de trasladar la basura a los ciudadanos, la Alcaldía podría estar incumpliendo su obligación de recoger los residuos directamente en los puntos de generación.
- Ubicación de los contenedores : La colocación de contenedores en vías públicas sin autorización de Intrant o Digesett podría contravenir normativas de tránsito y seguridad vial.
- Sanciones injustificadas : Multar a ciudadanos o negocios por no usar los contenedores podría considerarse un abuso de autoridad, especialmente si no hay un marco legal claro que respalde esta obligación.
Abogados y defensores de los derechos ciudadanos han sugerido que casos como el del negocio chino podrían ser llevados a los tribunales. Un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad podría cuestionar la legalidad de la medida, exigiendo que la Alcaldía cumpla con su deber de recolección in situ. Además, los negocios afectados podrían demandar indemnizaciones por sanciones injustas o pérdidas económicas derivadas de esta imposición.
Conclusión
La iniciativa de la Alcaldía de Santo Domingo Este de instalar contenedores y furgones para la recolección de basura, aunque bien intencionada, ha generado un debate sobre su legalidad y efectividad.
La obligatoriedad de que los ciudadanos y negocios trasladen sus residuos a estos contenedores parece contravenir las responsabilidades establecidas en la Ley 225-20, que asigna a las alcaldías la tarea de recoger la basura directamente en los hogares y comercios.
Casos como el del negocio chino de «picapollo» evidencian la frustración de los munícipes y la necesidad de un marco legal claro que proteja sus derechos.
creado por Multimedios LZO, la Agencia de Prensa
5/6/2025
